La nacionalización de Bankia

La crisis del sistema financiero español ha vivido un nuevo e importante
episodio. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió nacionalizar a principios de mayo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), controlada al 100% por las siete cajas de ahorro que conforman Bankia desde 2010. Esta será la octava entidad que pasa a controlar el Estado desde que estallara la crisis en 2008, pero es la más importante hasta la fecha, ya que cuenta con 10 millones de clientes en España y activos por valor de 340.000 millones de euros o 427.856 millones de dólares.

El control de Bankia tendrá lugar mediante la conversión en acciones del préstamo de 4.465 millones de euros que le concedió el Estado a través del FROB -un fondo creado para gestionar el proceso de reestructuración del sistema financiero español en junio de 2009- cuando se gestó el grupo. El ministerio de Economía explicó en un comunicado publicado el pasado 9 de mayo que la decisión se ha tomado para “garantizar la solvencia, la tranquilidad de los depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad".

Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, considera que la nacionalización “es la única solución para resolver los problemas de solvencia de la entidad”. Según explica, la auditora Deloitte estimó en 3.500 millones de euros la minusvalía de la entidad al cierre del ejercicio 2011, lo que coincide con su patrimonio neto, “por lo que el saneamiento de esa minusvalía supone reducir a cero el patrimonio de la entidad”. Ante esta situación, explica que la única vía de solución era convertir los préstamos del FROB en acciones ordinarias, lo que implica la nacionalización de BFA-Bankia.

Santiago Carbó, profesor de Economía del Departamento de Teoría Económica e Historia de la Universidad de Granada, también considera inevitable la nacionalizacióny añade que “ahora la primera y más importante misión para la entidad y sus nuevos administradores [el ejecutivo José Ignacio Goirigolzarri asumió la presidencia en sustitución del político Rodrigo Rato] es realizar un importante esfuerzo de transparencia y establecer los distintos mecanismos para obtener los recursos necesarios para garantizar la viabilidad de la entidad financiera”.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó en el Congreso el pasado 23 de mayo que se aportará todo el dinero que sea necesario para dar confianza sobre el sistema financiero español pero que la intención es recuperar esas ayudas. Asimismo, especificó que Bankia requiere dinero público por importe de 9.000 millones de euros, aunque posteriormente, el viernes 25 de mayo, la entidad corrigió ese importe cifrando la necesidad de ayuda pública en 19.000 millones de euros. En total, a día de hoy, el rescate de la entidad se estima en 23.000 millones de euros -19.000 más los 4.465 que ya ha recibido- o 28.900 millones de dólares, el más caro de la historia en España.

La pregunta que surge ahora es cuáles son los planes que el Gobierno tiene para la entidad. Reuters explicaba en un artículopublicado el pasado 17 de mayo, en el que citaba fuentes anónimas cercanas a Mariano Rajoy, que el Ejecutivo planea sanear, reducir el tamaño y vender el banco en los próximos tres años, el periodo máximo legal en el que el Estado puede mantener el control de la entidad. En el citado artículo se aseguraba que otros grandes bancos españoles como Santander, BBVA o La Caixa podrían ver Bankia como un objetivo apetecible para ganar mayor cuota de mercado o, directamente, comprar las áreas de negocios que pudiera vender.

Sin embargo, Carbó apunta que “Bankia es una entidad demasiado grande y demasiado importante para que sea fácilmente dividida y vendida, lo que los anglosajones llaman difficult to fail and unwind”. Y añade que el “Estado ha entrado en el capital de Bankia y seguramente estará ahí varios años hasta que se aclaren definitivamente las opciones. Si Bankia realiza un plan exitoso, la propia entidad podría recomprar parte (o en el mejor de los casos, todo) del capital invertido por el Estado”.

Maudos prevé que, “una vez inyectada la financiación, Bankia deberá completar su proceso de reestructuración (reduciendo red y empleo para ahorrar costes) y desprenderse de posibles participaciones con plusvalías, aunque complicado en este momento, para mejorar su solvencia”. Él cree que no será fácil que al menos a corto plazo acabe en manos de otras entidades dado su tamaño y su déficit de provisiones y considera que “lo mejor será que el Estado se quede el tiempo necesario para reflotar la entidad y una vez saneada, buscar posibles compradores, o incluso trocear la entidad”.

¿La punta del iceberg?

La difícil posición de Bankia es el ejemplo más claro y la imagen personificada de la delicada situación por la que atraviesa el sistema financiero español en su conjunto. El sector bancario español se ha visto fuertemente dañado por el estallido de la burbuja inmobiliaria que unido a la crisis internacional, ha sumido a España en una recesión de la que todavía no se ha recuperado.

Según datos del banco de España, al cierre de 2011, la banca española tenía una exposición inmobiliaria de 308.000 millones de euros o 387.500 millones de dólares, de los cuales 184.000 millones correspondían a activos tóxicos o problemáticos (dudosos, subestándar y adjudicados). El sector de la construcción y promoción inmobiliaria registró un ratio de morosidad del 20,9% al cierre de 2011. Bankia es una de las entidades más expuestas al ladrillo, con 37.517 millones de euros, de los que el 84,7% es considerado problemático, según los resultados sin auditar remitidos por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), regulador bursátil español.

Estas cifras hacen desconfiar a los inversores internacionales del sistema financiero español y por consiguiente de la solvencia del Estado, ya que creen que podría verse obligado a invertir más dinero público apara ayudar al sector, lo que provocaría incumplir con sus objetivos de reducción de déficit y aumentar su deuda. Es por ello que el coste de financiación en el mercado de España se ha elevado considerablemente desde el comienzo de la crisis, hasta el punto de que se baraja la posibilidad de que el país tuviera que pedir ayuda financiera a la Unión Europea (UE).

Respecto a los problemas del sistema financiero español, Mauro Guillen, profesor de Gestión y director del Instituto Lauder de Wharton, avisa de que “mientras la economía no repunte, un banco detrás de otro tendrá problemas”, porque “un sistema financiero no puede resistir años de recesión”. En su opinión, a medida que vayan teniendo problemas los bancos, habrá que rescatarlos, “pero Grecia o España o los países periféricos no tienen recursos suficientes para rescatar bancos indefinidamente. Al final, se necesitará una solución europea para un problema que es europeo, puesto que sin la moneda única ya habríamos devaluado y sentado las bases de la recuperación”.

Michele Boldrin, profesor de la Washington University in St. Louis, cree que la nacionalización de Bankia y de las otras entidades financieras se tenía que haber realizado dos años antes. “Hay una serie de bancos y cajas españoles que están quebrados por la incompetencia gestora de los políticos y que están paralizando el sistema financiero español y el país”, asegura. Explica que en España está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos en 2009, “pero la diferencia es que allí la limpieza del sistema financiero fue muy rápida y aquí el proceso ya dura dos años y no se ha logrado solucionar el problema”. Cree que en España no se toman las medidas oportunas porque “supondría para el poder político perder su fuerte control sobre sistema financiero, algo a lo que se resiste”. 

      

¿A la segunda va la vencida?

Para intentar disipar las dudas, el Gobierno aprobó el pasado 11 de mayo nuevas medidas para el sistema bancario. Es lo que se ha dado en llamar la segunda fase de la reforma del sector financiero, después de que en la primera, llevada a cabo en febrero, se elevara los requisitos de provisiones de los bancos para cubrir posibles pérdidas en sus activos problemáticos del ladrillo, lo que supuso que las entidades tuvieran que provisionar 54.000 millones de euros o 68.000 de dólares.

En esta ocasión, el Ejecutivo ha decidido aumentar del 7% al 30% la provisión genérica de los bancos para cubrir un hipotético deterioro de los activos no problemáticos, que se sitúan en los 123.000 millones de euros o 155.000 millones de dólares. Esto supone, en la práctica, que tendrán que provisionar 30.000 millones de euros más o 38.000 millones de dólares. Estos nuevos requerimientos de capital se realizarán con cargo a los resultados. Las entidades que tras esta operación de saneamiento presenten déficit de recursos propios o de capital principal tendrán que capitalizarse en el mercado o, en su defecto, podrán solicitar ayuda al Estado, que les otorgará préstamos públicos a un tipo de interés del 10%.

Además, la banca tendrá que separar los activos tóxicosvinculados al ladrillo en sociedades independientes antes de que acabe 2012, es decir, crear lo que se ha venido llamando “banco malo”. Finalmente, el Ministerio de Economía encargará a expertos independientes la valoración de toda la cartera de activos de la banca española.

“Las medidas van en la dirección correcta, incluyendo las valoraciones aún pendientes”, opina Carbó. Pero, en su opinión, el éxito depende, en parte, de cómo se ejecuten las diferentes medidas y, en otra parte importante, de que se especifique claramente de dónde van a salir los recursos para financiar las posibles necesidades de saneamiento y recapitalización que surjan del proceso. “Esto requiere especificar no sólo la ayuda que puede ser posible a día de hoy sino también potencialmente necesaria a medida que avanza el deterioro macroeconómico. Se trata de un soporte, una garantía o backstop que es fundamental para calmar a los mercados y que aún no está del todo clara”, argumenta este consultor del Departamento de Estudios Económicos de la Reserva Federal de Chicago.

Maudos no tiene tan claro que las medidas del Gobierno vayan a disipar las dudas sobre el sistema financiero español. Explica que las dos últimas fases de la reforma se han centrado en sanear la exposición al sector inmobiliario, que es el más problemático y el que más dudas plantea en los mercados. Y advierte de que el problema es que la exposición inmobiliaria representa sólo el 20% de la cartera crediticia, y que queda otro 80% más donde hay préstamos hipotecarios para la compra de vivienda (más de 600.000 millones de euros o 754.000 millones de dólares), préstamos a Pymes, a grandes empresas, etc, con los que también hay que tener cuidado. “Con un escenario macro con tasas de crecimiento del PIB negativas en 2012 y también en 2013, la calidad de todos estos activos se deteriora, por lo que es aquí donde los inversores creen que las provisiones actuales no son suficientes”, explica.

“Habrá que esperar a ver los resultados de las valoraciones de las dos tasadoras independientes y de las 3 auditorías posteriores [que se van a hacer sobre el sistema financiero español] para conocer el posible déficit de provisiones. Si la cifra es razonable, será asumible vía FROB (que emitirá deuda para ayudar a las entidades), pero si es muy alta no habrá más remedio que pedir ayuda externa”, vaticina.

En cuanto al importe total de los recursos necesarios, Carbó cree que es difícil de determinar. “Puede que sea más de los cerca de 15.000 millones que estima el Gobierno pero creo que el coste total para el Estado del apoyo al sector financiero seguirá siendo menor en España (en términos de PIB) que el que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno”, estima.

Según Michele Boldrin, el Gobierno tiene que atacar directamente el mal del sistema y arrancarlo de raíz. “Hay que sanear las entidades con problemas y recapitalizarlas. En el contexto económico actual, el único que puede hacerlo es el Estado”, aunque cree que necesitará ayuda financiera de la UE porque no podrá emitir toda la deuda para captar el capital necesario para llevar a cabo el proceso. Apuesta por “europeizar el sistema financiero español”, que España “llegue a un pacto con Europa para cambiar los administradores incompetentes de las entidades intervenidas y, finalmente, después de sanearlas, venderlas en el mercado”.

Boldrin opina que lo interesante es que compraran los bancos saneados entidades extranjeras para crear un mercado más abierto y competitivo. “Si al final del proceso sólo quedan en España cuatro grandes bancos nacionales con mucho poder se crearía un oligopolio muy malo para el sistema financiero y la economía del país, que dependería excesivamente de ellos”. En el caso de que se creen estos gigantes bancarios, cree que deberían tener una gran diversificación internacional, de tal manera que el negocio nacional sólo suponga alrededor del 10%.

www.wharton.es